Meritxell Batet, Ministra de Política Territorial y Función Pública, ha decidido junto a los sindicatos de Función Pública: CC.OO., UGT, CSIF y CIG, un acuerdo que considera una oferta de empleo público (OEP) para 2018 en la que se sitúan entre 17.300 y 19.300 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). El número de plazas no será concretado hasta que este viernes se apruebe. Además de esto, se llevará a cabo un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugios de inmigrantes y la recuperación total del sueldo por Incapacidad Temporal (IT).
La Ministra ha detallado que uno de los acuerdos comporta 2.800 plazas de estabilización de interinos de 2017 y el compromiso de convocar simultáneamente las de 2018. Otro acuerdo reforzará las plazas en materia de inmigración ante unos servicios que en dos años ha pasado de 15.000 a 32.000 solicitudes. El tercer acuerdo engloba la recuperación del total de la retribución desde el primer día de los funcionarios con Incapacidad Temporal (IT). Estos acuerdos tienen como finalidad recuperar derechos perdidos por la crisis e intentar mejor la calidad del empleo de manera general.
Finalmente, Meritxell Batet ha firmado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF), CC.OO., UGT y CIG, el primer acuerdo sobre empleo público que contemplará la oferta de 17.800 plazas de empleo público correspondiente a 2018. El acuerdo incluye también la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica y en las ofertas de empleo público no están incluidas ni las Fuerzas Armadas ni la administración de Justicia.
Función Pública y sindicatos se han citado para negociar otras cuestiones, como son la devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010, la jornada laboral de 35 horas como ocurre ya en Andalucía y Extremadura. Los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas en 2020, bolsas de horas para la conciliación familiar y fondos adicionales para mejorar retribuciones en los diferentes ámbitos, salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado. Además, CSIF planea un acuerdo de tres para mejorar las retribuciones, exige el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y el desbloqueo del IV convenio del personal laboral.
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